La situación procesal del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, registró una mayor complejidad tras el sorteo y radicación en los tribunales federales de Comodoro Py de tres nuevas denuncias penales en su contra. Las presentaciones judiciales promueven la investigación del funcionario por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, a raíz de las recientes rectificaciones que introdujo en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), las cuales revelaron un sustancial incremento en sus activos financieros.

El tipo penal de la falsedad ideológica sanciona la inserción de declaraciones falsas, omisiones deliberadas o datos inexactos en un documento público de cumplimiento obligatorio, tal como las declaraciones patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. Las acciones judiciales se originaron luego de que el propio Adorni reconociera públicamente en sede televisiva que modificó sus presentaciones anuales para incorporar la tenencia de aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses, argumentando que dichos activos provenían de inversiones en criptomonedas ejecutadas de forma previa a su ingreso a la administración del Estado y admitiendo que omitió incluirlos en sus rendiciones fiscales iniciales.

La distribución de los nuevos expedientes en los juzgados federales, las partes denunciantes y el estado de la causa principal por presunto enriquecimiento ilícito se describen a continuación:

Radicación de las denuncias parlamentarias y particulares en los juzgados de Retiro

El sorteo de las presentaciones distribuyó las causas en diferentes despachos del edificio judicial de la Avenida Comodoro Py:

• Denuncia del bloque legislativo: Una de las presentaciones fue motorizada de forma conjunta por los diputados nacionales de la oposición Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. El expediente quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, secretaría que actualmente se encuentra bajo la subrogancia legal del juez Daniel Rafecas.
• Presentación civil y de organizaciones no gubernamentales: El abogado José Magioncalda formalizó un requerimiento de investigación autónomo bajo la misma tipificación penal de falsedad. En paralelo, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático amplió el espectro de la imputación al denunciar formalmente al jefe de Gabinete y a su cónyuge, Bettina Angeletti, bajo la figura jurídica de presunta asociación ilícita para la ocultación de activos.

Proceso de acumulación en la causa madre por presunto enriquecimiento ilícito

Fuentes con acceso a los despachos oficiales señalaron que el destino procesal de estas tres nuevas carpetas judiciales orienta hacia su unificación y acumulación por conexidad fáctica en la causa principal que ya se instruye contra el portavoz y ministro. Dicho expediente madre investiga la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y se encuentra bajo la dirección técnica del juez Ariel Lijo y la conducción sumarial de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita.

Los peritos contables de la fiscalía de Pollicita ya habrían detectado inconsistencias técnicas sustanciales entre los flujos de ingresos declarados por el funcionario, sus consumos de tarjeta de crédito y la evolución real de su patrimonio declarado en el último bienio. Ante este escenario de asimetría documental, la fiscalía ordenó la producción de nuevas medidas de prueba y requerimientos informativos a los agentes de bolsa, plataformas de intercambio de activos digitales (exchanges) y entidades bancarias de plaza para reconstruir la trazabilidad del dinero.

Próximos pasos procesales y la eventual convocatoria a declaración indagatoria

El curso de la instrucción judicial ingresará en una fase decisiva cuando el Ministerio Público Fiscal culmine el análisis de los informes bancarios y emita un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al jefe de Gabinete. Este instrumento legal constituye la intimación formal para que el funcionario brinde explicaciones técnicas, contables y documentales que demuestren de manera fehaciente el origen lícito de los 500.000 dólares atribuidos a operaciones de criptoactivos.

En caso de que las pruebas aportadas por los asesores contables de Adorni no logren saldar las inconsistencias señaladas por los peritos del Poder Judicial de la Nación, el juez Ariel Lijo quedará habilitado para dictar el llamado a declaración indagatoria del jefe de Gabinete y de su esposa. Esta medida importaría el inicio formal de la imputación penal y la posterior resolución de su situación procesal mediante el dictado del procesamiento o sobreseimiento en los tribunales federales.