Por decisión mayoritaria, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que había enviado a la jurisdicción de Campana la investigación sobre una lujosa propiedad en Pilar vinculada a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Tras este fallo, el expediente regresa a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será analizado por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, tribunal al que se le solicitó resolver la cuestión con la mayor «celeridad» posible.

La medida de la Sala I de Casación hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y revoca la determinación adoptada en enero pasado por la Cámara Federal de San Martín, la cual había derivado la causa al juzgado federal de Campana, conducido por el juez Adrián González Charvay.

Los bienes bajo sospecha y los involucrados

La investigación judicial se originó a partir de la sospecha de que la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría actuado como presunta testaferra de las máximas autoridades de la AFA para adquirir y registrar bienes de alto valor. Entre el patrimonio auditado por la Justicia se destaca:

• Una mansión ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense, valuada formalmente en su escritura en USD 1.8 millones, aunque estimaciones comerciales elevan su valor real de mercado a unos USD 17 millones.
• Un helipuerto privado y caballerizas dentro del mismo predio.
• Una flota de automóviles de colección.

El objeto procesal busca determinar si los verdaderos beneficiarios y propietarios de estos activos son altos mandos de la entidad rectora del fútbol local, cuya conducción está encabezada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Competencia y debate en el fuero Penal Económico

El giro jurisdiccional responde al dictamen del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien sostuvo que el debate debe dirimirse en los tribunales porteños. Esto se debe a que el último organismo técnico en intervenir con competencia material sobre el caso fue el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 10.

Actualmente, los jueces de la Cámara de ese fuero, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, se encuentran abocados al análisis de los expedientes principales para definir si confirman o modifican los procesamientos que pesan sobre Tapia, Toviggino y la propia estructura institucional de la AFA por presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social.

Disidencias en el tribunal de alzada

Pese al voto mayoritario que propició el traslado de la causa, el juez Mariano Borinsky expresó su disidencia al considerar que el recurso de la fiscalía debió declararse inadmisible. El magistrado argumentó que la discusión por el territorio no constituía una sentencia definitiva ni vulneraba de forma flagrante la garantía del juez natural. Según su postura, la reapertura de este debate jurisdiccional genera una solución dilatoria que termina afectando los principios de economía y celeridad procesal que deben regir en la administración de justicia.