La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, registró un avance técnico mediante la culminación de los trabajos de extracción de datos del teléfono celular del contratista Matías Tabar. Las autoridades judiciales se encuentran procesando el volumen de información recuperado del dispositivo con el propósito de examinar las comunicaciones y la documentación de soporte asociadas a las remodelaciones de infraestructura edilicia por las cuales el técnico afirmó haber percibido un pago de 245.000 dólares en efectivo.
Los principales focos informativos y procedimentales derivados de esta pericia informática se sintetizan en los siguientes ítems:
- Objeto de la auditoría digital: Las tareas operativas ejecutadas sobre el equipo tecnológico, el cual fue entregado de modo voluntario por su propietario, persiguen la reconstrucción íntegra de los diálogos y archivos compartidos entre Tabar y el funcionario nacional. El peritaje busca corroborar los dichos del testigo en sede judicial respecto a presuntos mensajes de WhatsApp que habría enviado Adorni antes de la audiencia de declaración, en los que manifestaba su interés por dialogar y le acercaba un ofrecimiento de asistencia para su presentación en los tribunales.
- Trazabilidad de las obras y pagos: Los investigadores centran el análisis en las constancias, registros temporales y comunicaciones ligadas de forma directa a la planificación, presupuesto, ejecución y cancelación económica de los trabajos de refacción edilicia realizados en una propiedad del funcionario ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en la jurisdicción bonaerense de Exaltación de la Cruz.
- Estado del expediente penal: La instrucción del caso se desarrolla bajo la conducción del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. En forma paralela al peritaje telefónico, la fiscalía avanza en la compulsa de informes financieros, transacciones vinculadas a activos de naturaleza digital y erogaciones por traslados internacionales, al tiempo que elabora el requerimiento formal de justificación patrimonial, una instancia jurídica predeterminada antes de resolver un eventual llamado a declaración indagatoria en este tipo de delitos contra la administración pública.