El Ministerio de Seguridad de la Nación formalizó el balance de las acciones operativas ejecutadas en materia de control fronterizo y fiscalización migratoria interna durante los últimos seis meses de gestión. De acuerdo con el informe oficial presentado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, los procedimientos conjuntos con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) derivaron en la expulsión, inadmisión o extradición de 14.000 ciudadanos extranjeros que presentaban irregularidades legales en el territorio nacional.

La funcionaria fundamentó el endurecimiento de la política migratoria mediante una declaración difundida en canales públicos, donde diferenció el perfil de las corrientes de movilidad internacional admisibles de aquellas sujetas a medidas de deportación forzosa. Las autoridades ministeriales vincularon el incremento de los indicadores estadísticos a la incorporación de tecnologías de identificación biométrica móvil en los operativos de saturación urbana y al cruce masivo de información con registros criminales internacionales.

Los componentes técnicos de las detenciones, las especificaciones de los dispositivos utilizados y las acciones judiciales se describen a continuación:

Tipificación legal de las expulsiones y causales de exclusión territorial

La cartera de seguridad precisó que la cifra consolidada en el último semestre engloba distintas situaciones contempladas en la Ley de Migraciones vigente, aplicadas a personas que presentaban los siguientes impedimentos:

• Antecedentes y requisitorias penales: Individuos con condenas firmes o procesos judiciales abiertos en sus países de origen, así como aquellos sobre los cuales pesaban alertas rojas emitidas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por delitos transnacionales.
• Irregularidad administrativa e intentos de vulneración fronteriza: Ciudadanos extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados evadiendo los controles de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, o bien aquellos cuya permanencia legal en calidad de turistas o residentes temporarios se encontraba vencida sin haber iniciado los trámites de regularización.

Incorporación de tecnología biométrica en operativos de control urbano

La estrategia de fiscalización excedió el ámbito estricto de las zonas de frontera y los aeropuertos internacionales, trasladándose a puntos estratégicos del conurbano bonaerense y grandes aglomerados mediante el despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA).

En el marco de un procedimiento de saturación llevado a cabo en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, los agentes federales procedieron a la identificación de 458 personas, constatándose que 369 de ellas poseían nacionalidades extranjeras. Las escuadras operativas utilizaron terminales portátiles Morpho RAPID ID para el escaneo de huellas dactilares y reconocimiento de rasgos faciales en tiempo real, conectadas de forma remota a las bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y de la Dirección Nacional de Migraciones, detectando un lote de dieciséis ciudadanos en condición irregular que fueron intimados administrativamente.

Intervención judicial en infracciones comerciales de competencia federal

El despliegue tecnológico en La Matanza derivó, en forma paralela, en la detección de delitos vinculados a la propiedad intelectual y el contrabando de telecomunicaciones. El personal de la PFA constató la comercialización de mercaderías falsificadas en locales de la zona y el acopio de terminales de telefonía móvil que registraban denuncias por robo o hurto, validadas mediante el sistema de bloqueo de la Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Ante la configuración de delitos de competencia federal, tomó intervención el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 3 de Morón, bajo la titularidad del juez Leonardo Cano. El magistrado ordenó el secuestro preventivo de la totalidad de los dispositivos electrónicos y la mercadería apócrifa, disponiendo simultáneamente la detención en carácter de incomunicados de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana involucrados en la cadena de distribución de los bienes incautados.