El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUPETA) elevó una intimación formal a la obra social estatal para exigir la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias. Según el gremio, el «cuarto intermedio» en las conversaciones se ha extendido de manera excesiva, mientras el poder adquisitivo de los empleados se desploma en medio de un contexto inflacionario crítico.
La presentación, que lleva la firma del secretario general Hernán Pablo Corredoira, advierte que si no hay una convocatoria urgente, el sindicato iniciará acciones judiciales para proteger los derechos de los trabajadores.
La brecha frente a la inflación
El reclamo se fundamenta en un desfasaje alarmante entre el aumento de precios y los ajustes otorgados por la institución en los últimos años:
- Inflación acumulada (Diciembre 2023 – Marzo 2026): 293,27%, de acuerdo con las mediciones del IPC INDEC.
- Aumento salarial en PAMI: Los salarios del sector solo crecieron un 66% en el mismo período.
- Impacto real: Esta disparidad representa una pérdida del salario real del 55%, lo que el gremio califica como una «asfixia salarial inaceptable».
Desde SUPETA denuncian que esta situación vulnera el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza una retribución justa, y afecta el carácter alimentario del salario al impedir que los empleados cubran necesidades básicas como vivienda, educación y asistencia sanitaria.
Fundamentos legales del reclamo
Para dotar de peso jurídico a la intimación, el gremio se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los puntos centrales del argumento legal indican que:
- La actualización de los créditos laborales no vuelve la deuda más onerosa, sino que simplemente mantiene el valor económico real ante el «envilecimiento» de la moneda.
- El reajuste salarial es un imperativo de justicia, especialmente cuando se trata de prestaciones destinadas a la subsistencia del trabajador.
Tensión en Santiago del Estero
El conflicto nacional tiene un capítulo particular en la sucursal de Santiago del Estero. El clima laboral en la provincia se ha visto afectado no solo por la cuestión salarial, sino también por denuncias recientes sobre presuntos pedidos de dinero a empleados vinculados a La Libertad Avanza. Según trascendió, estos fondos estarían destinados a cubrir gastos políticos y operativos de la estructura local, lo que ha sumado malestar a la ya crítica situación económica de los agentes.
Bajo apercibimiento de recurrir a los tribunales, SUPETA exige una actualización que, como mínimo, equipare el incremento registrado por el IPC para el período mencionado, buscando restablecer la equidad en las remuneraciones de la obra social más grande del país.