El fiscal de la Procuración General, Sergio Mola, requirió formalmente al titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, Luis Armella, la inmediata detención y el estado de incomunicación de Martín Insaurralde y de su expareja, Jesica Cirio, en el marco de la causa de instrucción penal que se les sigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos de origen delictivo. El Ministerio Público Fiscal argumentó que la persistencia en libertad de los imputados representa un peligro procesal manifiesto, configurándose riesgos concretos de ocultamiento, destrucción de material probatorio y peligro de fuga, por lo que solicitó que sean puestos bajo custodia de las fuerzas de seguridad federales para su correspondiente declaración indagatoria.

El dictamen acusatorio se formalizó a los pocos días de registrarse la incorporación al expediente de una serie de filmaciones y soportes ópticos de procedencia anónima, los cuales exhiben millonarias sumas de dólares estadounidenses fraccionados en fajos bancarios y distribuidos de forma compacta en el interior de bolsos de viaje, cajas organizadoras, cajoneras y una valija de gran porte. Para las agencias de investigación, la contundencia de las imágenes aportadas altera de forma sustancial el estatus legal de los encartados, sugiriendo la subsistencia de estructuras logísticas de resguardo de valores no declarados que logran evadir los canales tradicionales de control patrimonial y bancario.

Las medidas de constatación edilicia dispuestas en el inmueble periférico, la ronda de testimoniales citadas por el juzgado y los planteos de nulidad técnica formulados por los abogados defensores se describen a continuación.

Inspección ocular del vestidor de San Vicente y pericias sobre remodelaciones de infraestructura

El foco prioritario de la fiscalía se concentra en el cotejo morfológico y de ingeniería edilicia sobre una finca residencial unifamiliar situada en la localidad de San Vicente, la cual fuera objeto de un registro judicial de gran escala durante el tramo inicial de las pesquisas en el año 2023. El juez Luis Armella convalidó la realización de una inspección ocular urgente sobre la propiedad para verificar si las características arquitectónicas, el tipo de mampostería, las luminarias y los revestimientos de madera del vestidor que aparece en las filmaciones filtradas guardan correspondencia material con los planos del inmueble allanado.

Para profundizar la trazabilidad física y documental de la locación, el Ministerio Público activó las siguientes líneas de auditoría pericial:

• Citación obligatoria a prestar declaración testimonial a los oficiales de la fuerza de seguridad que encabezaron el allanamiento original en 2023, así como a los ciudadanos civiles que actuaron como testigos de actuación en aquella jornada.
• Recepción de declaraciones a dos personas que se desempeñaron como empleadas del servicio doméstico en la propiedad, con el fin de establecer si el mobiliario de resguardo fue modificado de forma reciente o si la disposición de los compartimentos coincide con la observada en los videos.
• Allanamiento y secuestro de los libros de ingreso analógicos y soportes informáticos de la guardia de control del barrio privado de San Vicente por parte de la Gendarmería Nacional, buscando documentar si en los meses previos se registró el ingreso de cuadrillas de carpintería o constructores privados para ejecutar refacciones herméticas en la vivienda.

Estrategias de impugnación de la defensa y el origen institucional de la pesquisa penal

De forma concomitante a la presentación de los pedidos de captura federal, los equipos de defensa técnica que patrocinan al exintendente de Lomas de Zamora y a la conductora de televisión interpusieron sendos recursos de queja y pedidos de nulidad formal contra las últimas piezas probatorias adunadas al legajo de investigación. Los letrados argumentaron que los registros de video que exhiben los acopios de dinero en efectivo carecen de cadena de custodia verificable, configurando una violación flagrante a las garantías constitucionales del debido proceso al desconocerse el mecanismo de obtención y la identidad de las personas que realizaron las captaciones en el espacio privado.

Martín Insaurralde, quien ejerció la Jefatura de Gabinete de Ministros de la administración de la provincia de Buenos Aires, permanece bajo la lupa de la justicia federal desde septiembre de 2023, período en el cual se hicieron públicas las bitácoras de navegación de lujo y consumos suntuarios en euros realizados en el litoral marítimo de Marbella, España, junto a la modelo e influencer Sofía Clerici. Aquel incidente de repercusión institucional determinó la dimisión indeclinable de Insaurralde a su cargo en el gabinete del gobernador Axel Kicillof y la apertura de múltiples denuncias por malversación de caudales y lavado de dinero, causas que confluyen ahora en el requerimiento de detención debido a la presunción de maniobras activas de encubrimiento financiero internacional.