En una histórica sesión parlamentaria, la Asamblea Nacional de Francia aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que regula el derecho a la muerte asistida para pacientes con enfermedades incurables. La reforma social, que constituyó uno de los compromisos de gestión asumidos por el presidente Emmanuel Macron durante su campaña de reelección en 2022, fue respaldada en la cámara baja con 291 votos a favor frente a 241 en contra, luego de superar un extenso proceso de debate y sucesivos rechazos en el Senado de mayoría conservadora.

A pesar de la sanción parlamentaria, la entrada en vigencia de la norma dependerá de la revisión técnica del Consejo Constitucional. El primer ministro, Sébastien Lecornu, elevó la legislación a la máxima autoridad jurídica del país para que dictamine sobre la constitucionalidad de su articulado antes de su promulgación. En caso de obtener el aval legal, el Estado francés se sumará al grupo de naciones que regulan este derecho, entre las que se encuentran Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.

La nueva legislación determina condiciones sumamente estrictas para acceder al procedimiento de muerte asistida. La normativa estipula que el beneficio estará reservado exclusivamente a ciudadanos adultos con enfermedades de carácter incurable que presenten un sufrimiento físico insoportable y resistente a los tratamientos médicos. Asimismo, el solicitante deberá manifestar su voluntad de forma libre, consciente e informada, siendo el propio paciente el encargado de autoadministrarse la sustancia letal, exceptuando aquellos casos en que limitaciones físicas severas imposibiliten la acción.

La aprobación del texto legal generó un fuerte rechazo por parte de los sectores de la derecha y la extrema derecha parlamentaria, así como de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, cuyos representantes advirtieron sobre las consecuencias sociales de la reforma. Desde los espacios de oposición argumentaron que la ley representa una ruptura ética en la concepción del cuidado de la salud y la vulnerabilidad humana, mientras que las agrupaciones promotoras de la norma celebraron la votación como un avance histórico en materia de derechos civiles y autonomía personal sobre el final de la vida.