El proceso de licitación pública para la concesión de la Vía Navegable Troncal, un sector estratégico por donde se canaliza cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal. Tras detectar una serie de presuntas anomalías en el diseño de los pliegos y en los mecanismos de evaluación, el Ministerio Público Fiscal avanzó en una investigación penal conducida por la Fiscalía Federal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las actuaciones se fundamentan en un dictamen emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), bajo la firma del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez. El organismo de control determinó que los procedimientos validados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) presentan falencias técnicas y administrativas que «merecen reproche y podrían derivar en consecuencias penales» por vulnerar el principio de transparencia y libre competencia.

Los consorcios en pugna y los presuntos socios ocultos

El desarrollo del concurso internacional se centró en la puja entre dos grandes operadores de origen belga: Jan De Nul —actual prestatario del servicio desde 1995— y el grupo DEME, habiendo quedado desplazadas del circuito las propuestas de firmas de capitales chinos.

La sospecha principal de los investigadores radica en las cláusulas de los pliegos de Jan De Nul, las cuales estructuran un esquema que permitiría la posterior cesión de la concesión. Según la denuncia, esta modalidad facilitaría el ingreso formal de corporaciones nacionales que actuarían inicialmente como socios ocultos. Entre los actores locales señalados figuran:

• El Grupo Neuss, con un marcado crecimiento en contratos de infraestructura con el Estado y vínculos con la Fundación Faro.
• El Grupo Román, liderado por el empresario logístico Alfredo Román.
• El Grupo Servicios Portuarios SA, encabezado por Juan Ondarcuhu, actual operador de las terminales VI y VII del puerto de Rosario.

Las siete irregularidades detectadas por la PIA

El dictamen judicial de la procuraduría especializada enumera un conjunto de alteraciones concretas en el diseño del pliego licitatorio:

• Distorsión en la evaluación de ofertas: Se critica la implementación de la fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO), que vuelve a computar la calificación técnica junto con la económica en la instancia de cierre. Para la Justicia, el tamiz técnico debe funcionar exclusivamente como un filtro previo de admisibilidad, y su doble ponderación altera el espíritu del sistema de etapa múltiple.
• Margen de discrecionalidad excesivo: La falta de parámetros objetivos y reglas claras para calificar las propuestas de ingeniería otorga a la Comisión Evaluadora una libertad de criterio subjetiva que lesiona la igualdad entre los oferentes.
• Flexibilización para la cesión contractual: El contrato estipula que la concesión puede transferirse a un tercero una vez cumplido el 20% del plazo o de la inversión. La PIA advirtió que esto permitiría que termine administrando la hidrovía una empresa que originalmente fue rechazada o que no cumplía con los requisitos de la convocatoria.
• Cláusula Anticorrupción deficiente: El texto del pliego contempla la posibilidad de reconocer compensaciones económicas al concesionario bajo la figura de «enriquecimiento sin causa», incluso si el vínculo contractual se disuelve tras comprobarse una práctica de corrupción institucional.
• Restricción a las impugnaciones: La normativa del concurso limita el derecho a cuestionar los dictámenes, permitiendo impugnar las etapas únicamente a las firmas que hayan sido evaluadas de forma directa en esa misma instancia.
• Exclusión de Uniones Transitorias: El pliego mantiene restricciones normativas para la participación de consorcios bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE) sin fundamentar las razones fácticas de dicha exclusión.
• Vulneración de acceso a información ambiental: En la instancia de audiencia pública se presentaron más de 9.000 páginas de informes técnicos para su análisis en un plazo de tiempo extremadamente reducido, incumpliendo la Ley 27.566 y reduciendo la participación ciudadana a un mero formalismo.

Finalmente, el expediente judicial bajo estudio de la Fiscalía Nº 9 sumó objeciones respecto a la falta de justificación contable y legal para la inclusión de las deudas financieras consolidadas con los actuales acreedores del sistema de navegación.