Efectivos de la Policía Federal Argentina desarticularon una red de trata de personas que se dedicaba a la captación y explotación sexual de mujeres bajo la modalidad de falsas ofertas de empleo. Los procedimientos operativos consistieron en siete allanamientos dictados en simultáneo en diversas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán. La intervención policial permitió el rescate de ocho víctimas de la organización y la detención de cinco presuntos integrantes de la estructura ilícita, además del secuestro de equipamiento informático, dispositivos de telefonía móvil, tarjetas SIM y documentación para el análisis forense.

La investigación judicial se había originado en agosto de 2025, a partir de la identificación preventiva efectuada por personal de la PFA a dos ciudadanas tucumanas en las plataformas de la Terminal de Ómnibus de Retiro, una de las cuales contaba con una denuncia activa de búsqueda de paradero por parte de su entorno familiar. A través de los testimonios preliminares recopilados en dependencias oficiales, los peritos reconstruyeron el esquema logístico de la banda criminal, que seleccionaba a mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica en el interior profundo para luego costear sus traslados hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Dinámica operativa de captación y uso de inmuebles de alquiler temporario

La organización delictiva utilizaba canales de rotación continua para evadir las fiscalizaciones judiciales:

Las pesquisas policiales determinaron que, una vez arribadas a los centros urbanos de destino, las víctimas eran privadas de su autonomía y derivadas a departamentos destinados al alquiler turístico y temporario distribuidos en la Capital Federal. Esta metodología logística era implementada por los cabecillas de la red con el objetivo de compartimentar las locaciones, dificultar los seguimientos vecinales o las denuncias anónimas, y obstaculizar el despliegue de las brigadas de investigaciones complejas de las fuerzas de seguridad locales.

Los elementos tecnológicos incautados durante las irrupciones domiciliarias quedaron a disposición del juzgado federal interviniente para la realización de las pericias de apertura de datos correspondientes. Los investigadores ministeriales orientarán las próximas tareas técnicas a rastrear las plataformas digitales utilizadas para la publicación de las ofertas de trabajo apócrifas y a determinar la trazabilidad financiera de los fondos generados por la organización, con el fin de establecer si existían nexos con terceras estructuras de apoyo o encubrimiento comercial en las terminales de transporte de ambas jurisdicciones.