La investigación judicial para determinar el paradero de Delicia Mamani Mamani, la joven de 25 años que fue vista por última vez en noviembre de 2025 en la provincia de Córdoba, experimentó un cambio de jurisdicción institucional al ser derivada a los tribunales federales. Tras siete meses de tramitación en el fuero ordinario, el Ministerio Público Fiscal detectó elementos probatorios compatibles con el delito de trata de personas, lo que motivó la declinación de competencia y la activación de los protocolos de búsqueda específicos para redes de explotación delictiva.
La estudiante del profesorado de Magisterio en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó perdió todo contacto con su entorno el 21 de noviembre de 2025, tras abandonar su residencia en la localidad de Punta de Agua con destino al establecimiento educativo. De acuerdo con los peritajes de reconstrucción de las últimas horas de la joven, se determinó que caminó un trayecto de tres kilómetros hacia la parada del transporte público portando únicamente elementos de estudio, descartándose la tenencia de dinero en efectivo, pasaportes o documentación migratoria que sugirieran una planificación previa de traslado voluntario.
Mensajes bajo sospecha y orden de detención sobre el entorno familiar
Las pesquisas judiciales se concentran en las comunicaciones recibidas por la familia con posterioridad a la desaparición:
Horas después de registrarse la ausencia de la joven, la madre recibió un mensaje de texto desde el dispositivo móvil de su hija que aducía un presunto viaje al exterior, seguido días más tarde por una misiva manuscrita con idéntico tenor; contenidos que fueron rechazados de forma unánime por los allegados, quienes denunciaron el carácter apócrifo de los textos. El principal sospechoso e imputado en el expediente es su cuñado, identificado como Cancio Tencuri Flores, sobre quien el magistrado federal interviniente dictó una orden de captura nacional e internacional bajo la condición procesal de prófugo de la justicia.
Los antecedentes recopilados por las brigadas de investigaciones complejas señalan que el imputado radicó de manera irregular una denuncia por la desaparición en la provincia de Jujuy falsificando su identidad como hermano de la víctima, y remitió registros audiovisuales que supuestamente ubicaban a la joven en la localidad fronteriza de Villazón, Bolivia. Asimismo, constan en la causa denuncias previas del entorno familiar referidas a un traslado forzoso anterior de la estudiante hacia zonas agrícolas de la provincia de Mendoza con fines de explotación laboral, sumado a amenazas vinculadas al cobro compulsivo de deudas financieras familiares.
Reclamos de la comunidad educativa y cuestionamientos procesales
Organizaciones sociales y colectivos estudiantiles mantienen las acciones de visibilización pública del caso:
La representación legal de los familiares de Delicia Mamani Mamani avaló la intervención del fuero federal, aunque manifestó cuestionamientos técnicos respecto a las demoras administrativas que demoraron el traspaso de las actuaciones y la participación de los organismos nacionales especializados en asistencia a las víctimas de trata.
Paralelamente, el cuerpo docente y los centros de estudiantes de la institución donde cursaba la joven llevaron a cabo movilizaciones públicas en el centro de la capital cordobesa para exigir la aceleración de los rastrillajes operativos. Bajo la consigna de mantener activa la búsqueda institucional en el territorio, las comunidades académicas enfatizaron la necesidad de articular de manera urgente los controles de las fuerzas de seguridad federales en los pasos aduaneros del norte del país.
