La reciente sanción legislativa del Congreso de la Nación que autorizó el desembolso de 171 millones de dólares con destino a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP clausuró formalmente la saga judicial derivada del default de la deuda soberana del año 2001. A pesar de este saneamiento en el frente de los denominados holdouts, la República Argentina preserva una exposición financiera latente en foros tribunalicios del exterior que analistas especializados estiman en un techo de 10.000 millones de dólares. Estos litigios en curso se ventilan bajo normativas extranjeras en Nueva York y Londres, originados en decisiones regulatorias e institucionales de administraciones previas.

La reducción de la vulnerabilidad judicial externa experimentó un alivio significativo tras los pronunciamientos dictados por la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos en el marco de la estatización de la petrolera YPF. El tribunal norteamericano revocó las sentencias adversas de primera instancia y ratificó el rechazo a los recursos de revisión promovidos por el bufete Burford Capital, reduciendo drásticamente las probabilidades de ejecución contra los activos del Estado nacional. No obstante, el vector de mayor criticidad para las reservas públicas se desplaza ahora de forma exclusiva hacia los instrumentos derivados ligados a la evolución de la actividad económica.

El estado del portafolio de demandas por los cupones atados al Producto Bruto Interno, la situación del fallo de Aerolíneas Argentinas ante el CIADI y el desglose de los montos en disputa se detallan a continuación.

Litigios globales por la modificación metodológica del Cupón PBI en euros y dólares

El principal foco de riesgo financiero para el Estado radica en las demandas entabladas por fondos de inversión que poseían títulos denominados «Cupón PBI», emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010. El conflicto se originó en el año 2013, período en el cual el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) modificó la metodología de cálculo estructural del Producto Bruto Interno, interrumpiendo los desembolsos contractuales que se activaban si la economía superaba un umbral de crecimiento del 3,2% anual. Los tenedores de bonos argumentaron una manipulación deliberada tendiente a eludir los pagos debidos entre 2014 y 2018.

La evolución técnica de las causas presenta escenarios diferenciados según la jurisdicción y la moneda de emisión de los activos:

• En los tribunales del Reino Unido, la Alta Corte de Londres dictó sentencia firme contra el país por la versión de los títulos emitidos en euros, consolidando una condena de aproximadamente 1.800 millones de dólares. El tribunal británico rechazó las apelaciones del Estado y habilitó la fase de ejecución y búsqueda de información (discovery) sobre activos comerciales e hidrocarburíferos susceptibles de embargo, habiéndose ejecutado ya una garantía inicial de 300 millones de dólares.
• En esa misma sede británica, los demandantes iniciaron un incidente complementario que busca determinar si la fórmula incorrecta se aplicó a otros períodos fiscales, pretendiendo ampliar el reclamo en 1.800 millones de dólares adicionales.
• En la jurisdicción de Nueva York, los procesos vinculados a los cupones emitidos en dólares estadounidenses permanecen en etapa sustancial de instrucción, con estimaciones de pasivos que parten de una base de 3.500 millones de dólares y podrían escalar hasta los 9.000 millones de dólares si el criterio judicial es replicado por el conjunto de los tenedores remanentes.

Reclamos pendientes por la expropiación aerocomercial y la instancia final de YPF

El esquema de pasivos contingentes en el exterior se completa con los expedientes tramitados ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, y los tribunales federales del Distrito de Columbia. En el caso referente a la expropiación de la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral, el grupo Titan Consortium obtuvo un laudo arbitral definitivo a su favor que establece una compensación económica de 390 millones de dólares por la privación de sus activos corporativos sin la correspondiente indemnización previa.

Al carecer el CIADI de facultades coercitivas directas para forzar el cumplimiento de sus resoluciones, el fondo promueve una demanda de homologación en Washington con el propósito de transformar el laudo en una sentencia ejecutable mediante el embargo de bienes comerciales argentinos en territorio estadounidense. Por su parte, en lo que respecta al litigio por YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación consideró clausurado el frente principal tras los sucesivos fallos favorables en la apelación norteamericana, reduciendo las expectativas de éxito de los demandantes a un recurso de queja residual ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.