Una intensa controversia institucional y social se desató en Bolivia luego de que el diputado Néstor Rodríguez presentara formalmente un proyecto de ley dirigido a la población en situación de calle que padece consumos problemáticos de estupefacientes. La iniciativa contempla la creación de programas integrales de rehabilitación obligatoria para varones y mujeres, pero el punto que polarizó el debate nacional es la inclusión de un apartado técnico que promueve la esterilización de mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad social que no puedan garantizar el cuidado de sus hijos debido a las adicciones.

El legislador de la alianza Unidad defendió la pertinencia de la normativa argumentando que en los principales conglomerados urbanos del país existen aproximadamente 18.000 personas sin vivienda fija, de las cuales cerca de 5.000 se concentran en el departamento de Santa Cruz. Al fundamentar la propuesta, Rodríguez expuso la gravedad de las problemáticas de explotación sexual, trata de personas y el nacimiento de menores en entornos de indigencia. Aunque inicialmente se aludió a un carácter voluntario, el texto del proyecto estipula que, en casos extremos donde se agoten las instancias de asistencia y las personas carezcan de plena conciencia de sí mismas, se podría proceder a la obligatoriedad de la esterilización quirúrgica mediante previa determinación de los estamentos judiciales pertinentes.

La propuesta legislativa recibió un rechazo categórico inmediato por parte de diversas organizaciones civiles y dependencias del Estado boliviano. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió un pronunciamiento advirtiendo que la iniciativa representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y vulnera las garantías fundamentales de autonomía, integridad personal y derechos de salud sexual y reproductiva contemplados en la Constitución Política del Estado. La institución recordó además la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que cualquier procedimiento de esterilización forzada o bajo coerción hacia poblaciones vulnerables constituye una violación flagrante a los tratados internacionales suscriptos por la nación.