El Gobierno nacional oficializó la eliminación de 58 normativas vinculadas a los sectores comercial e industrial, elevando a 240 el número total de regulaciones dadas de baja desde el comienzo del período de gestión. La disposición administrativa se formalizó a través de su publicación en el Boletín Oficial y abarca un conjunto de resoluciones emitidas por diferentes dependencias del área económica entre los años 2006 y 2025.

Los fundamentos y el alcance de las medidas de simplificación se estructuran en los siguientes puntos centrales:

El Poder Ejecutivo argumentó que la decisión responde a la necesidad de depurar el ordenamiento jurídico, debido a que una proporción significativa de los textos alcanzados correspondía a programas que habían dejado de tener vigencia operativa o a directrices institucionales desprovistas de aplicación práctica en la actualidad. El propósito manifiesto del área económica es agilizar los procedimientos del sector privado, atenuar las cargas administrativas que pesan sobre la actividad productiva y suprimir intermediaciones burocráticas consideradas prescindibles.

En el listado de las normativas que quedaron sin efecto se destacan los marcos regulatorios que regían sobre antiguas políticas de control de precios y esquemas estatales de fomento al consumo. De este modo, se derogaron formalmente las disposiciones complementarias de programas de asistencia financiera y canastas reguladas como Precios Cuidados, Ahora 12 y Cuota Simple, al igual que los instrumentos jurídicos asociados al funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).

Por otra parte, la flexibilización alcanzó a las directivas que imponían regímenes de notificación y autorizaciones previas para la modificación de los aranceles mensuales en los establecimientos de enseñanza de gestión privada, junto con la supresión de determinados mecanismos específicos de intervención en el segmento de la defensa del consumidor. Las autoridades nacionales concluyeron que la remoción de estas exigencias busca profundizar la transparencia en las dinámicas de mercado y facilitar las operaciones cotidianas de las empresas y los contribuyentes.