El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, formalizó la presentación de un recurso extraordinario de per saltum para que la Corte Suprema de Justicia intervenga de manera directa en la disputa por la validez de la reforma laboral. La medida busca anular el fallo de primera instancia que dejó en suspenso más de 80 artículos de la norma tras una denuncia presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El escrito judicial, que consta de más de 40 páginas, cuestiona con dureza la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda. El Gobierno sostiene que dicho magistrado actuó sin competencia y que la medida cautelar vulnera el principio de división de poderes al frenar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Además, la Procuración argumentó que no existe un «caso concreto» ni un perjuicio demostrado por la central obrera que justifique la suspensión.

La cautelar dictada por la justicia laboral frenó cambios estructurales en materia de indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, el sistema de banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y los límites a las cuotas de solidaridad sindical. La CGT fundamentó su amparo en que estas modificaciones afectan derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, alegando una situación de urgencia para evitar daños de difícil reparación.

En paralelo a la presentación ante el Máximo Tribunal, el Gobierno logró que la jueza federal Macarena Marra Giménez aceptara un planteo de inhibitoria, ordenando que el expediente pase del fuero laboral al Contencioso Administrativo Federal. El Estado Nacional reafirmó en su recurso que el fuero laboral carece de jurisdicción para intervenir en causas contra el Estado y que la CGT, como entidad de tercer grado, no posee la legitimación necesaria para representar de forma colectiva a la totalidad de los trabajadores sin acreditar una afectación específica. Con este movimiento, el Ejecutivo apuesta a una resolución célere que restituya la vigencia plena de la reforma.