La Justicia bonaerense dictó un fallo histórico al ordenar una indemnización de 35 millones de pesos para un joven que sufrió años de acoso escolar extremo en una escuela técnica de la ciudad de Chivilcoy. La resolución judicial responsabilizó de manera directa al Estado de la provincia de Buenos Aires por no haber intervenido de forma adecuada ante las agresiones físicas, humillaciones y situaciones de hostigamiento sistemático que el estudiante padeció durante los años 2011 y 2012.

Según consta en el expediente del caso, el alumno era blanco constante de golpes, burlas, salivazos y ataques dentro del establecimiento educativo. Inclusive, varios de esos episodios de violencia eran filmados por sus propios compañeros de aula. El damnificado, quien poseía un marcado interés por la informática y se destacaba por su buen desempeño académico, terminó desarrollando un cuadro severo de depresión y ansiedad como consecuencia directa del maltrato sostenido en el tiempo.

Cuestionamientos al accionar de las autoridades educativas

La sentencia dictada por los tribunales bonaerenses criticó con dureza el proceder de los directivos y el personal de la institución escolar, determinando que no solo omitieron aplicar medidas efectivas para frenar los ataques, sino que incurrieron en conductas de revictimización hacia el menor afectado.

La investigación judicial puso de manifiesto las siguientes irregularidades en el manejo de la situación:

• Desplazamiento de la víctima: Las autoridades de la escuela técnica optaron por modificar el turno de cursada del alumno que recibía el acoso escolar.
• Falta de sanciones: Los estudiantes identificados como los agresores continuaron asistiendo a sus clases habituales sin recibir penalizaciones disciplinarias por sus actos.
• Abandono escolar: Como resultado del progresivo deterioro de su salud emocional y psicológica, el joven finalmente tomó la decisión de interrumpir y abandonar sus estudios secundarios.

El juez interviniente remarcó con énfasis en los fundamentos del fallo que los establecimientos educativos tienen el deber ineludible de velar por la integridad física y emocional de toda la comunidad estudiantil, debiendo activar protocolos de acción de manera inmediata ante cualquier manifestación de violencia en las aulas. La suma millonaria dictaminada tiene como propósito reparar de forma parcial el profundo daño psicológico ocasionado tras años de hostigamiento sistemático y desamparo por parte de las autoridades competentes.